Ley Jacobo y su impacto en el cáncer pediátrico

La protección para los pacientes con cáncer goza de una amplia gama de normas y regulaciones. Desde la ley 100 de 1993 y su reforma parcial, ley 1122 de 2007, el gobierno colombiano definió una lista explicita de eventos  de alto costo en la que se incluía el cáncer, dándole incluso una protección a estos pacientes que va más allá de la protección financiera de los ciudadanos. La Resolución 5261 de 1994, que estableció el primer plan de beneficios (MAPIPOS) determinó que las enfermedades ruinosas o catastróficas, son aquellas que representan una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo costo efectividad en su tratamiento y en esa definición entraba específicamente el tratamiento con radioterapia y quimioterapia para el cáncer, la terapia en UCI, el tratamiento para VIH SIDA, entre otros. Otras normas (Resolución 2565 de 2007 y 3974 de 2009, por ejemplo) permitieron ajustes por la Cuenta de Alto Costo - CAC, para una lista de patologías como la Enfermedad Renal Crónica, el cáncer de cérvix, mama, estómago, colon y recto, próstata, la leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide aguda1, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, epilepsia, artritis reumatoide y VIH/SIDA.

Pero quizá los mayores hitos legales y constitucionales para la protección de los pacientes con cáncer, se dio con la llamada “Ley Sandra Ceballos” o Ley 1384 de 2010, y la Ley 1388 de 2010, todavía hoy vigentes. La primera estableció las acciones para el control integral del cáncer en la población colombiana, de manera que se reduzca la mortalidad y la morbilidad por cáncer adulto. Por su parte, la Ley 1388 de 2010, la cual tuvo especificidad en cáncer en niños, obligó a todos los actores del sistema de salud a cumplir claras funciones de tal manera que el diagnóstico, tratamiento y en general el manejo del paciente pediátrico con cáncer no tuviera ningún tipo de dilaciones. La Ley estableció que cuando el médico tratante, independientemente de su especialidad, presumiera la existencia de cáncer, debería remitir al paciente a la unidad de cáncer correspondiente a la zona, “sin perjuicio de ordenar todos los exámenes de apoyo diagnóstico y procedimientos especializados que se consideren indispensables hasta que el diagnóstico fuese descartado”. Para garantizar esas atenciones ordenó al Ministerio de la Protección Social, a la reglamentación y creación de una base de datos para la agilidad de la atención del menor con Cáncer. De esa manera, el médico que tuviese la presunción diagnóstica de Cáncer en un menor, beneficiario de la ley, debería incluirlo en esta base de datos, la cual puede ser consultada en tiempo real y le permitiría a la EPS, (o Entidad Territorial a cargo), encontrar al paciente en el sistema. En la base de datos se especificaría que los niños beneficiarios, contarían, a partir de ese momento y hasta que el diagnóstico no se descarte, con la autorización de todos los procedimientos, de manera integral e inmediata. La Ley de cáncer en niños estableció que a partir de la confirmación del diagnóstico de Cáncer y hasta tanto el tratamiento concluya, los aseguradores deben autorizar todos los servicios que requiera el menor, de manera inmediata2. En ella se creó igualmente el Registro Nacional de Cáncer Infantil, con el propósito de llevar en tiempo real, el registro sobre el diagnóstico, seguimiento y evolución del tratamiento del paciente, con la información que permita una atención de calidad y la realización de estudios científicos.

Finalmente, la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de Salud, constituyó un paso enorme en términos de garantía del goce efectivo del derecho a la salud, y su filosofía se centró en la “inexistencia constitucional” de un Plan Único de Beneficios o Plan Obligatorio de Salud, sino que todos los bienes o servicios que en materia de salud requiera un individuo se encuentren cubiertos a menos que se trate de aquellos a los que alude el artículo 15 de dicha Ley, que hace referencia a las exclusiones explícitas del financiamiento con recursos del estado. El cáncer, por supuesto, no cae en ninguna de esas categorías. Los artículos 6° y 11 de dicha Ley hacen énfasis en la Prevalencia de derechos y en los sujetos de especial protección, respectivamente, donde los niños tienen un lugar preponderante y gozarán de especial protección por parte del Estado y su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica.